http://www.laopinioncoruna.es/ REDACCIÓN | CAMBRE
La interventora y la secretaria del Ayuntamiento de Cambre negaron ayer ante el juez en el proceso iniciado por la denuncia presentada por una funcionaria debido a un supuesto delito de acoso laboral que en ningún momento se trató de modo desconsiderado o vejatorio a esta empleada municipal.
En las diligencias previas iniciadas por el Juzgado de Instrucción número uno ayer le tocó el turno de comparecencia a estas dos funcionarias, después de que el exconcejal de Régimen Interior y Presidencia, Antonio Varela Tejedor, declarara el miércoles en calidad de testigo y acusara al actual alcalde, Antonio Varela Saavedra, de paralizar la revisión de seguros para no perjudicar a las empresas que tenían algún contrato en vigor con el Ayuntamiento.
La interventora fue preguntada ayer por esta cuestión y manifestó que tan solo recuerda haber recibido por parte de la persona que ha presentado la denuncia por acoso dos ofertas de compañías de seguros para que le orientara sobre cuál escoger.
La funcionaria envió entonces un escrito a Varela Tejedor para manifestarle “que carecía de las facultades” para contratar este tipo de servicios, según consta en la transcripción de las declaraciones prestadas ayer en el juzgado.
Tanto la interventora como la secretaria negaron haber realizado algún acto que pudiera considerarse “vejatorio, discriminatorio o constitutivo de una situación de acoso laboral” con relación a la denunciante. La secretaria incluso indicó que no posee “trato directo” con la demandante, aunque sí reconoció que era “conocedora de la problemática” que existía con esa persona.
Esta imputada negó del mismo modo haber boicoteado el trabajo de la denunciante siguiendo las instrucciones de Varela Tejedor. También rechazó que se le pusieran obstáculos a la funcionaria que presentó la demanda por acoso para acceder a los expedientes disponibles en el departamento de Contratación.
La interventora, por su parte, negó que se le hubiera retirado el teléfono a esta funcionaria, que trabajaba como técnico de gestión económica en el Ayuntamiento de Cambre. Además, la imputada reconoció que empezó a comunicarse por escrito con la demandante para que quedase constancia de todas y cada una de las peticiones y relaciones que se producían entre ambas.
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