restringir severamente los derechos de los trabajadores
Enfrentamiento sobre la ley de Wisconsin, el pasado martes 29 de marzo de 2011,
que despoja a la mayoría de empleados públicos de su derecho de negociación colectiva
tomó el martes un nuevo giro, pasando de la legislatura a los tribunales, pero aún
quedaba por verse cuándo o si acaso la medida llegará a entrar en vigencia.
La ley eliminó los derechos de los servidores públicos de sostener negociaciones
colectivas en todas sus posibles prestaciones, con excepción de los salarios. Asimismo
requiere que la mayoría de empleados públicos hagan mayores contribuciones a sus
pensiones de jubilación y sus seguros de salud.
En Ohio, entretanto, los legisladores republicanos aprobaron una ley similar para
asimismo negarle derechos sindicales a los 350.000 trabajadores del gobierno estatal.
Los legisladores republicanos de Wisconsin recurrieron a maniobras para aprobar la ley
a principios de mes pese a tres semanas de protestas multitudinarias de hasta 85.000
personas en el Capitolio estatal y un boicot de los senadores estatales demócratas. Los
opositores de la ley de inmediato interpusieron una serie de demandas judiciales que
han dado como resultado un mayor caos que al parecer no concluirá hasta que la Corte
Suprema decida el caso.
Eso parecía suceder hasta el martes, cuando una jueza en Wisconsin prohibió a los
funcionarios estatales seguir implementando una ley que despoja a la mayoría de los
empleados públicos de su derecho de negociación colectiva.
La jueza Maryann Sumi reprendió a los funcionarios estatales por ignorar una orden
judicial previa que ordenaba la suspensión de la publicación de la ley. La jueza había
emitido una orden de emergencia, en la que prohibió promulgar la ley, a comienzos de
este mes. Pero la Oficina de Referencia Legislativa publicó de todos modos la ley, el
viernes.
"Al parecer esa orden ya sea no fue bien entendida o fue ignorada, pero lo que dije es
que se prohibía continuar implementado la ley", recalcó la jueza federal Sumi, durante
una audiencia. "Eso es lo que ahora deseo que quede bien claro".
Sumi también estudia reclamos de algunos funcionarios de que la ley técnicamente
entró en vigencia la semana pasada, después que una agencia estatal inesperadamente la
publicó en el Internet.
Walker y los republicanos arremetieron con fuerza para eliminar los derechos de
negociación colectiva de los trabajadores estatales, valiéndose de una sorpresiva
maniobra legislativa a fin de quebrar semanas de estancamiento para aprobarla, y
hallaron otra vía para publicar la ley después que Sumi ordenó una prohibición para que
la secretaría de estado hiciera lo propio.
Varios estados, entre los que figuran Colorado, Indiana, Iowa, Michigan, Nuevo
México, Ohio, Oklahoma y Tennessee, han presentado proyectos de ley que limitan
gravemente el derecho de negociación colectiva de las personas afiliadas a sindicatos.
Tal como lo ha hecho el estado de Winsconsin.
Los sindicalistas afirman que, además de restringir el derecho de negociación colectiva,
en nada menos que 37 estados los legisladores han introducido centenares de proyectos
de ley en contra de los sindicatos. Algunos afectan a la negociación de las prestaciones
médicas, restringen la libertad de asociación, ponen topes al salario mínimo y privan a
los trabajadores del derecho de huelga.
Información complementaria
De acuerdo con el derecho internacional, a todos los trabajadores les asiste el derecho
humano de sindicación y negociación colectiva.
Este derecho es esencial para la realización de otros y se halla proclamado en la
Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos (PIDCP), el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales (PIDESC) y la Convención Internacional sobre la protección de los derechos
de todos los trabajadores migratorios y sus familias, así como en convenios aprobados
por la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Como Estado parte en el PIDCP y signatario del PIDESC, Estados Unidos tiene la
obligación de respetar los derechos humanos recogidos en estos instrumentos y tratados.
Como miembro de la OIT, Estados Unidos ha contraído también el compromiso, en
virtud de la Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en
el trabajo, de 1998, de respetar, promover y hacer efectivos los derechos fundamentales
establecidos en los convenios básicos de la organización.
Las medidas que limiten tales derechos en Estados Unidos son contrarias también
a los compromisos contraídos con arreglo al Acuerdo de Cooperación Laboral de
América del Norte (ACLAM), así como en virtud de numerosos acuerdos comerciales
posteriores negociados y ratificados en los últimos 15 años.
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